Tuesday, September 05, 2006

Un Instrumento procesal útil para el derecho ambiental: la medida autosatisfactiva

por Osvaldo Carlos SIDOLI


Introducción

En ciertas ocasiones se advierte que las resoluciones judiciales no son lo suficientemente idóneas en cuanto a su celeridad, para dar respuesta a los diferentes planteos tendientes a garantizar la vigencia de un derecho, y que los litigantes se encuentran muchas veces imposibilitados "de hecho" para obtener una reparación "plena"; perdiéndose la efectiva satisfacción de sus pretensiones en los laberintos procesales que conspiran contra las rápidas resoluciones que algunas situaciones requieren.
“La justicia no existe prácticamente cuando el restablecimiento del equilibrio jurídico, sea estimando y aceptando la petición del actor, sea desestimándola o rechazándola demora demasiado en producirse. La justicia para ser tal, debe ser rápida. De allí que el concepto de “afianzar la justicia” que enuncia el preámbulo de nuestra Constitución implica un mandato imperativo para los gobiernos de nuestro país, de asegurar a los habitantes del suelo argentino la pronta solución de sus litigios.” [1].
Es así como, de manera pretoriana, aparecen en nuestro derecho figuras de creación jurisprudencial, que tienden a resolver, de manera expeditiva, situaciones que, de transitar por los carriles habituales de nuestro ordenamiento jurídico, tornarían ilusorio el reclamo que se efectúa. Un claro ejemplo de ello es la aparición del amparo a través de los leading cases “Siri” y “Kot”.

Con este mismo origen, nuestros Tribunales han receptado la denominada “Medida Autosatisfactiva”.
“Las denominadas “medidas autosatisfactivas”, son concebidas como tutelas jurisdiccionales urgentes, que encuentran su justificación en sí mismas, y no son servidoras ni acceden a las resultas de ninguna pretensión principal, que se despachan inaudita parte, y siempre y cuando se advierta a priori una fuerte probabilidad de que los planteos formulados al requerirlas resulten atendibles” [2].
Además, la doctrina también ha sostenido que “Resulta imperioso reformular la teoría cautelar ortodoxa, dándose así cabida a los procesos urgentes y a la llamada medida autosatisfactiva. La medida autosatisfactiva es una solución urgente no cautelar, despachable in extremis, que procura aportar una respuesta jurisdiccional adecuada a una situación que reclama una pronta y expedita intervención del órgano judicial” [3].
Las VII Jornadas Uruguayas de Derecho Procesal (La Paloma, 1995) señalaron que “Las exigencias de la vida jurídica actual han determinado la necesidad de crear estructuras destinadas a la resolución urgente de pretensiones en forma definitiva al margen de la tutela cautelar y provisional clásicas”.
Se puede decir a priori que la medida autosatisfactiva es un requerimiento urgente formulado al órgano judicial, que se agota en sí mismo, a través de una resolución favorable, no siendo necesario a posteriori la interposición de alguna acción principal a los fines de evitar su caducidad o decaimiento; de ahí que se la diferencie expresamente de las medidas cautelares.
Se trata de un procedimiento urgente, formulado ante los órganos jurisdiccionales por los justiciables, que según Peyrano, “se agota con su despacho favorable, no siendo, entonces, necesaria la iniciación de una ulterior acción principal para evitar su caducidad o decaimiento; no constituyendo una cautelar, por más que en la praxis muchas veces se la haya calificado, erróneamente, como una cautelar autónoma." [4].

En el XIX Congreso Nacional de Derecho Procesal realizado en la Ciudad de Corrientes en el año 1997, la Comisión de Derecho procesal Civil y Concursal, con motivo del tratamiento del tema "La reforma Procesal Civil, bases, presupuestos y propuestas para un código general del proceso" emitió sus conclusiones al respecto en este sentido afirmando que: "Resulta imperioso reformular la teoría cautelar ortodoxa, dándose así cabida legal a los procesos urgentes y a la llamada medida autosatisfactiva."

Por otra parte, en el ámbito del 1° CONGRESO ARGENTINO DE PREVISION SOCIAL, “Litigiosidad en el ámbito previsional”, Buenos Aires, 22, 23 y 24 de agosto de 2001, Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires, se presentaron algunas ponencias que sostenían:

1) La “medida autosatisfactiva”, tiene el carácter de ser urgente, autónoma, despachable inaudita parte, mediando para su otorgamiento, la acreditación de una fuerte probabilidad de ser atendible el reclamo pretendido.
2) Sería necesario la exigencia de contracautela.
3) En el caso de una resolución favorable, será imprescindible habilitar la vía recursiva, a los fines de evitar cualquier sospecha de arbitrariedad.
4) Resulta de vital importancia darle un encuadre legal y un tratamiento procedimental, sugiriendo su incorporación en el C.P.C.C.N.
5) Como consecuencia de lo antes dicho, será necesario que el magistrado recurra a su actividad pretoriana y por medio de la aplicación de las normas constitucionales (artículos. 14, 18, 33 etc) y del Código Civil (artículos 15 y 16), pueda darle un encuadre legal que justifique la aplicación de este tipo de soluciones.

Es decir, que las medidas autosatisfactivas tienen los siguientes caracteres: es una solución urgente no cautelar (carácter, por cierto, muy discutido); despachable “in extremis”; procura aportar una respuesta jurisdiccional adecuada a una situación que reclama una pronta y expedita intervención del órgano judicial; y por último, su vigencia y mantenimiento no depende de la interposición coetánea o ulterior de una pretensión principal.

Entre sus particularidades se destacan las siguientes:
1º) Se trata de un proceso autónomo, cuyo diligenciamiento es resuelto “inaudita parte”.
2º) Debe existir una fuerte probabilidad, cercana a la certeza y no una simple verosimilitud, de que sea atendible el derecho invocado.
3º) Cabe la solicitud, para su dilegenciamiento, de una contracautela.
Además, según algunos autores, debería fijarse un plazo de duración de la sentencia dictada. “Parece que hace a la prudencia judicial, que, en algunos supuestos, se deba fijar término de vigencia a la medida autosatisfactiva, sin perjuicio de que puedan decretarse prórrogas al lapso inicialmente concedido” [5].
La “medida autosatisfactiva”, es urgente [6], autónoma [7], despachable inaudita parte [8], mediando para su otorgamiento, la acreditación de una fuerte probabilidad de ser atendible el reclamo pretendido[9].

Como ha resumido Luis Luciano Gardella, los recaudos del despacho categóricamente positivo de una medida autosatisfactiva son los siguientes: a) fuerte probabilidad de la existencia del derecho sustancial; b) firme convencimiento de que el perjuicio invocado es irreparable e inminente; c) urgencia manifiesta y extrema; d) que estén comprometidos derechos subjetivos medulares que por su propia naturaleza poseen una mayor do de urgencia, siempre y cuando a ellos no se contrapongan en cabeza del destinatario de la medida, otros derechos de similar calibre [10].
La nota sobresaliente de estos procedimientos urgentes consiste en la prevalencia en el trámite del principio de celeridad que obliga a reducir la cognición y a postergar la bilateralidad, con la finalidad de obtener una tutela eficaz y rápida.

Problemática de este tipo de acciones

Más allá de la favorable perspectiva de la mayoría de la doctrina y de la jurisprudencia con respecto a dichas medidas, no es menos cierto que se esgrimen algunas críticas que merecen ser analizadas; siendo las más importantes las siguientes:
A) Falta de tratamiento legislativo del instituto: es la más destacable de las problemáticas que se puede presentar al interponer una medida autosatisfactiva, pero que no por esto, debe dejar de ser aplicada. A esta postura se la refuta afirmando que es posible fundar una decisión al respecto en las disposiciones sobre medidas cautelares genéricas (doctrina art. 232, Código Procesal).
Teniendo en cuenta que se trata de una acción que todavía no encuentra regulación legal en el CPCCN, será necesario, que el juez recurra a su actividad pretoriana, pudiendo citarse algunas normas de la Constitución Nacional y del Código Civil, que por aplicación supletoria, permitan su instrumentación. Así por ejemplo se puede citar los artículos 14 y 18 de la Constitución Nacional “derecho de peticionar” y “derecho a la jurisdicción”, que consisten en la posibilidad de recurrir al órgano jurisdiccional a lo fines de lograr un pronunciamiento útil, eficaz y oportuno. También por la aplicación del artículo 33 que establece las “garantías implícitas”. Por el artículo 43, se puede solicitar la interposición de una vía expedita y rápida.
Entre los artículos del Código Civil que podemos citar como fundamentación de este tipo de medidas, se encuentran el 15 y 16, los cuales consignan: “Los jueces no pueden dejar de juzgar bajo el pretexto de silencio, oscuridad o insuficiencia de las leyes” (artículo 15). “Si una cuestión civil no puede resolverse, ni por las palabras, ni por el espíritu de la ley, se atenderá a los principios de leyes análogas; y si aún la cuestión fuere dudosa, se resolverá por los principios generales del derecho, teniendo en consideración las circunstancias del caso” (artículo 16).
Al respecto, de las conclusiones del XIX Congreso Nacional de Derecho procesal, que he nombrado con anterioridad, se estableció que: "...d) Hasta tanto se regule legalmente la medida autosatisfactiva, puede fundamentarse su dictado en la potestad cautelar genérica extensiva de las disposiciones legales que expresamente disciplinan diversos supuestos que pueden calificarse como medidas autosatisfactivas."
Asimismo, se ha señalado que "...No se encuentra legislado en nuestro Código de procedimientos pero si entiendo que el fundamento legal se encuentra en el art. 15 de la Constitución de la provincia de Buenos Aires en que se asegura la tutela judicial continua y efectiva y el acceso irrestricto a la justicia, como también en tratados internacionales: art. 5 inc. 1° de la "Convención Americana sobre Derechos Humanos" y en el "pacto de San José de Costa Rica", argumento art. 232 del CPC…” [11].
En igual sentido, el mismo Tribunal con fecha 27 de Abril de 2000, se expidió de la siguiente manera: "Cabe preguntarse entonces cuál es la vía procesal que corresponde para satisfacer la tutela requerida por la Sra. Rivas, teniendo en cuenta que aún no ha sido regulada por la ley procesal. (Sin embargo, sí se la ha incluido en el "Proyecto de Reforma al Código Procesal en lo Civil y Comercial de la Provincia de Buenos Aires" elaborado por los Dres. Morello, Kaminker, Arazi y Eisner, donde las denomina "Medidas de efectividad inmediata" - ver art. 67). Desde ya descartamos la posibilidad de negarle acogida so pretexto de ausencia de un procedimiento especial, porque ello sería poco menos que desoir el mandato constitucional que otorga a los particulares el derecho a obtener una respuesta expedita por parte del órgano jurisdiccional (art. 15 Const. Prov.; art. 8, Pacto de San José de Costa Rica; opinión de Morello en "Las garantías y la efectividad de la tutela judicial", p. 977 y ss. de su obra "Estudios de Derecho procesal. Nuevas demandas, nuevas respuestas", t. 2, 1998; Ed. Platense”.
Peyrano ha señalado que “Hasta tanto se regule legalmente la medida autosatisfactiva, puede fundamentarse su dictado en la potestad cautelar genérica o en una válida interpretación analógica extensiva de las disposiciones legales que expresamente disciplinan diversos supuestos que pueden calificarse como medidas autosatisfactivas” [12].
Más allá del hipotético vacío normativo, algunos autores han sostenido que la aplicación de estas figuras jurídicas obedece a criterios garantistas que deben tener los jueces al momento de analizar los reclamos que llegan a sus manos. Bidart Campos argumenta, que de la interrelación de la Constitución Nacional con las normas internacionales de jerarquía constitucional, surge que el ecceso a la justicia implica una tutela judicial eficaz. Señala dos conceptos esenciales: l) Los jueces están habilitados para dictarr una medida cautelar idónea en determinado proceso, aunque la ley no lo prevea; 2) La ley no puede, bajo pena de incurrir en una inconstitucionalidad, impedir o prohibir a los jueces que arbitren cuanta medida cautelar estimen eficaz para cumplir con su deber constitucional de deparar todo lo que demanda la tutela eficaz en cada proceso [13].
B) Identificación del objeto de la pretensión cautelar con el objeto de la pretensión de fondo: resultan abundantes tanto la doctrina como la jurisprudencia, acerca del presupuesto de que las medidas cautelares no pueden coincidir con el fondo del proceso. Este argumento no se condice con la esencia misma de esta figura procesal. En efecto, si consideramos que la medida cautelar es “aquel remedio arbitrado por el Derecho para conjurar los riesgos que la duración del proceso puede suponer para la eficacia de los eventuales pronunciamientos que se dicten al final del mismo” [14], mal puede suponerse que la misma no debe coincidir con el objeto mismo del reclamo. Imaginemos, por ejemplo, una cuestión de protección del medio ambiente donde se reclame que cese determinado acto de contaminación del mismo, vía acción de amparo, donde se requiera una medida cautelar innovativa [15], tendiente a hacer cesar dicho acto hasta tanto se compruebe el grado de afectación del mismo a la población: de rechazarse la cautelar por la coincidencia con el fondo, y de demostrarse el daño ocasionado, se estaría vulnerando la salud de muchos habitantes ante el rechazo de la medida cautelar, por una simple cuestión de forma, producto de la creación pretoriana de nuestros Tribunales.

Nada dice nuestro ordenamiento legal respecto a impedir la coincidencia de la medida cautelar con el objeto mismo del proceso; muy por el contrario, parece conducir a la idea opuesta. “En primer lugar: una situación urgente que reclama tutela inmediata imprescindible” [16]; esto implica que, ante determinadas circunstancias, se debería efectuar una tutela anticipada [17], a fin de evitar que se torne imposible de cumplir el objeto del litigio. En este mismo sentido se manifiestan los procesalistas peruanos Juan Monroy Gálvez y Juan Monroy Palacios, al definir a este concepto como "medidas cautelares coincidentes", porque tienen un contenido íntimamente relacionado con el de la decisión final; a diferencia de un embargo preventivo o una anotación de litis -que también tratan de asegurar la eficacia de la futura sentencia- sin referirse a la pretensión principal. Estas últimas son, para esos autores "medidas cautelares no coincidentes" [18].

C) Vulneración del derecho de defensa de la contraparte: Se observa generalmente que el derecho de defensa de la contraparte no debería verse conculcado con este tipo de decisiones "definitivas", derecho que en los hechos se ve reducido a la facultad de interponer recursos (de reposición o reposición con apelación en subsidio) que se conceden en relación, no autorizan el ofrecimiento y producción de pruebas y, "prima facie", podrían generar algún tipo de gravamen insusceptible de reparación posterior.

Si bien que en ciertos casos el juez puede de oficio conceder un traslado previo, su resolución "inaudita pars" no vulnera el principio de bilateralidad y contradicción el que se afianza con el ejercicio ulterior de la potestad impugnatoria que se abre con la vía recursiva. Ante el juicio inmediato (que involucra conocimiento y decisión), rigen analógicamente los principios del procedimiento monitorio que desplazan la iniciativa del contradictorio del actor al demandado, confiriéndose la oportunidad de ser oído, no antes sino después de la decisión en su contra, siempre que se cite al demandado para que se pueda defender. En esta orientación, además, se encolumna la doctrina preponderante.

“Ello evidencia una lectura incompleta o superficial de las docenas de páginas dedicadas a explicar que el contradictorio en la especies no es suprimido sino postergado” [19].

D) Supuesto carácter cautelar del instituto: Las medidas autosatisfactivas no son instrumentales, condición que indica su diligencia no cautelar, no son provisional [20], por cuanto su resultado no queda ligado al resultado de una litis principal que no existe.


Evolución del Instituto. Doctrina

La profunda crisis en que está sumergido el sistema jurisdiccional; (lentitud y onerosidad de los procesos) torna necesaria la aparición de nuevas figuras procesales que otorguen vigencia efectiva a la norma constitucional, garantizadora del derecho de todos los ciudadanos a una justicia expedita, a la satisfacción de las prestaciones jurisdiccionales por parte del Estado en tiempo y forma razonable.
Ante esta situación, la doctrina propugna la implementación positiva de los denominados “Procesos Urgentes” como nuevos métodos de debate en los cuales el factor tiempo tiene especial relevancia. Dicha acción ha recibido doctrinariamente diferentes nombres que enfatizan en los rasgos que se estiman más característicos: medida autosatisfactiva (Peyrano), remarcando que la acción urgente no cautelar se agota en sí misma en la sentencia de mérito; anticipación de tutela (Morello), por cuanto el órgano jurisdiccional resuelve la cuestión aún antes de la traba de la litis; cautela material (Berizonce), puntualizando el objeto procesal de fondo; sentencias anticipatorias (Rivas), con el mismo enfoque; tutela inhibitoria (Lorenzetti), destacando el propósito de prevención que la acción posee; anticipo de jurisdicción (CSJN. L.L.1997-E-652, in re: "Camacho Acosta, Máximo"); tutela anticipada (anteproyecto del Código Procesal Civil y Comercial de la Provincia de Buenos Aires, art. 67. de Morello, Arazi y Kaminker[21]), etc. Asimismo, habría que agregar la definición de los procesalistas peruanos Juan Monroy Gálvez y Juan Monroy Palacios, que la denominan "medidas cautelares coincidentes", porque tienen un contenido íntimamente relacionado con el de la decisión final; a diferencia de un embargo preventivo o una anotación de litis -que también tratan de asegurar la eficacia de la futura sentencia- sin referirse a la pretensión principal. Estas últimas son, para esos autores "medidas cautelares no coincidentes" [22]. En otros países, se la conoce como tutela diferenciada (Brasil) o tutela no exhaustiva (Venezuela).
En el derecho anglosajón es conocida la institución de la "injuction" semejante a un interdicto judicial que consiste en una orden de hacer o de dejar de hacer algo para evitar un mal o eliminar las causas que lo producen, que puede poseer carácter cautelar (“injuction relief”) o para prohibir o pedir que se haga alguna actividad (“the issue of an injuction”). Dichas medidas también se aplican en las relaciones contenciosas administrativas si bien por los jueces ordinarios que son competentes en los conflictos con las administraciones. Las reglas procesales de los Estados Unidos de Norteamérica contemplan acciones especiales para supuestos no previstos legalmente (“nonstatutory review”) denominados “injuction” que tienden a imponer una obligación de hacer a la administración (“mandatory injuction”) o una obligación de no hacer (“prohibitory injuction”) que son vías simples y directas de revisión de la gestión administrativa [23]. Respecto del derecho continental europeo la tutela anticipada ha sido comparada con la acción inhibitoria legislada en el Derecho italiano donde se la ha definido como una orden judicial impartida a una persona de abstenerse de un comportamiento ilícito [24].
La elaboración doctrinaria y algunos avances jurisprudenciales, procuran llenar un vacío en la efectiva tutela jurisdiccional de los justiciables, cuando el rasgo característico del conflicto en ciernes es el factor de oportunidad en la decisión; sobrepasado el cual, se perjudica definitivamente el derecho invocado o se produce el daño que se procura prevenir motivo que torna ineficaz cualquier otra vía procesal, incluyendo las acciones de amparo del artículo 43 de la Constitución Nacional cuyo trámite por cierto breve no satisface, en muchos casos, ese criterio de oportunidad.

En rigor, es la pacífica convivencia social la que impone que todo conflicto tenga adecuada y oportuna resolución; en algunos supuestos el elemento temporal es tan predominante que de no hallarse la solución oportuna-urgente, el objeto procesal se agota por el acaecimiento del daño o por la consumación irreparable de los actos u omisiones que se propone prevenir de suerte tal, que cualquier otra acción ulterior que provee el ordenamiento procesal es insuficiente por importuna y abstracta. La urgencia expuesta legitima saltar las secuencias lógicas del proceso ordinario (demanda, contestación, prueba, sentencia) para que el pronunciamiento que se dicte resulte oportuno y eficaz, sin perjuicio de la ulterior revisión del acto.

Recepción legislativa y fuentes de la medida autosatisfactiva
· Artículos 14 y 18 de la Constitución Nacional (Derecho de peticionar y derecho a la jurisdicción).
· Artículo 31 de la Constitución Nacional (Supremacía de la Constitución, leyes nacionales y tratados internacionales).
· Artículo 33 de la Constitución Nacional (Garantías implícitas).
· Artículo 43 de la Constitución Nacional (Acción de amparo. Hábeas data. Hábeas corpus).
· Artículo 75 inciso 22 de la Constitución Nacional (Tratados y concordatos. Tratados con jerarquía constitucional).
· Artículos 15 y 16 del Código Civil.
· Artículo 232 bis del Codigo Código de Procedimientos en lo Civil y Comercial de la Provincia del Chaco.
· Artículo 305 del Código procesal Civil de La Pampa.
· Ley 11.529 de la Provincia de Santa Fe.
· Preámbulo de la declaración Universal de Derechos Humanos.
· Convención Americana de los Derechos Humanos.
· Declaración Americana de los Derechos del Hombre.
Diferencia entre la medida autosatisfactiva y la acción de amparo
a) La acción de amparo ha sido desvirtuada por la ley N° 16.986 y ordenamientos provinciales que siguieron sus líneas directrices. La ordinarización de dicho proceso lo ha tornado poco eficaz para resolver las cuestines urgentes. Bastan como ejemplos los miles de amparos aún en trámite, por el corralito financiero y el recorte del 13% a jubilados y empleados estatales.
b) El recurso de apelación en la acción de amparo tiene efecto suspensivo y, por ende, la medida no podría llevarse a cabo hasta que no exista resolución definitiva, desvirtuando de tal forma la urgencia del requirente. La apelación en las medidas autosatisfactivas se asimilaría a la de las medidas cautelares, que implica un efecto devolutivo, más allá del criterio contrario seguido por muchos magistrados [25].
“En materia de impugnación de medidas autosatisfactivas despachadas, el legislador debería instrumentar un procedimiento optativo para el impugnante conforme al cual éste podría apelar (con efecto devolutivo, claro está) o promover un juicio declarativo de oposición que no suspenda el cumplimiento de la autosatisfactiva en cuestión” [26].
c) El amparo requiere de un acción u omisión que en forma ostensiblemente arbitraria o con legalidad manifiesta, altere, amenace, lesione, restrinja o de cualquier modo impida el normal ejercicio de los derechos expresa o implícitamente reconocidos por la constitución, un tratado o un derecho. La medida autosatisfactiva no requeriría tantas exigencias, ya que con la acreditación de la urgencia, sería suficiente requisito para proceder a su aplicación .Así, “su dictado está sujeto a la concurrencia de una situación de urgencia y a una fuerte probabilidad de que el derecho material del postulante sea atendible” [27].
d) El amparo puede contener una medida cautelar dentro del mismo proceso. La medida autosatisfactiva se agota en sí misma.
En la medidas autosatisfactivas, todo gira en torno a varios elementos esenciales: 1. Urgencia de una rápida actuación judicial e inexistencia de otra vía procesal eficaz; 2. Probabilidad cierta de derecho; 3. Prevenir un daño inminente o hacer cesar vías de hecho con aptitud para generar un daño inminente y 4. Innecesariedad de un proceso posterior, pues concedida la tutela, se agota el interés del requirente.
Jurisprudencia
El caso “Camacho Acosta” [28], resuelto por la Corte Suprema, ha planteado, claramente el tema de la tutela anticipada, identificándose así a una suerte de tutela urgente de parte del órgano jurisdiccional, antecedente necesario para el desarrollo del tema en análisis.
En dicho proceso, se dio un anticipo de la jurisdicción, sobre lo que sería objeto de decisión, más tarde, en la sentencia de mérito, como consecuencia de la pretensión reclamada. Este criterio nos da una idea de la cuestión analizada [29].
No obstante, desde un punto de vista fáctico, autores como Morello, han sostenido que la tutela anticipada no es un hallazgo de biblioteca, o un producto académico, es reconocer las exigencias de una nueva realidad, que los requerimientos de acceso a la justicia imponen [30].
Y es esa figura la que viene a reconocer la Corte en el “Camacho Acosta”, el 7 de agosto de 1997. Sostuvo la Corte que “...en ciertas ocasiones –como ocurre en la medida de no innovar y en la medida cautelar innovativa- existen fundamentos de hecho y de derecho que imponen al tribunal expedirse provisionalmente sobre la índole de la petición formulada sin que ello implique incurrir en prejuzgamiento”.
Y agrega: “...la medida cautelar innovativa es una decisión excepcional porque altera el estado de hecho o de derecho existente al tiempo de su dictado y, por configurar un anticipo de jurisdicción, favorable respecto del fallo final de la causa, resulta justificada una mayor prudencia en la apreciación de los recaudos que hacen a su admisión”.
La Corte expresamente dijo que ambas medidas cautelares pueden importar un anticipo jurisdiccional, lo que no va en contra de la naturaleza de las mismas, sino que, en los casos que correspondiera si dictado, los jueces deben extremar los recaudos al fallar, por el alcance que el pronunciamiento puede tener respecto a la sentencia definitiva que se deba dictar en autos.
Como conclusión del fallo en cuestión, se pueden observar los siguientes tópicos:
· el régimen de la medida innovativa;
· el prejuzgamiento frente a la posibilidad de anticipar un pronunciamiento jurisdiccional.
Estos criterios resultan fundamentales a los fines de establecer la viabilidad del instituto en cuestión. Por un lado existe una medida cautelar innovativa, que la Corte se encarga de diferenciar claramente de la prohibición de innovar, y por otro, se plantea claramente un anticipo jurisdiccional, antecedente necesario para la medida autosatisfactiva.
Otras opiniones de nuestra Jurisprudencia han señalado que “El primer deber que le cabe al juez cuando se esgrimen pretensiones “urgentes” -amparos, cautelares, habeas corpus, etc.- es proporcionar oportuna tutela mediante decisiones también “urgentes”; flamante fenómeno procesal de naturaleza garantista que, a despecho de su magra recepción en las leyes rituales de nuestro país -que sólo contemplan las tradicionales providencias cautelares-, la doctrina ha ido pergeñando sus contornos -a partir de la premisa de que “no todo lo urgente es cautelar” - bajo distintas denominaciones, a saber: tutela anticipatoria, medidas autosatisfactivas, proceso urgente, etc. (ver Herrero, Luis René, “Decisión oportuna sobre pretensiones urgentes”, E.D. 165-995; Peyrano, Jorge W., “La medida autosatisfactiva”, E.D. 169-1345; De los Santos, Mabel, “Medida autosatisfactiva y medida cautelar -semejanzas y diferencias entre ambos institutos procesales-”, Revista de Dcho. Procesal, Rubinzal Culzoni, nº 1, pág. 31 y ss). Conforme dicha línea argumental y fiel al axioma de que el procedimiento debe operar en función del derecho y no el derecho en función del procedimiento, va de suyo que no constituye un argumento serio para rechazar una medida cautelar que su despacho importe “entrar de lleno en la cuestión de fondo”. Ello así, no sólo porque en dichas medidas únicamente se requiere ‘verosimilitud’ y no ‘certeza’ del derecho, sino porque los argumentos esgrimidos por los actores -en el caso, pretendiendo la restitución del 85% del haber que les corresponde por la ley que les otorgó el beneficio jubilatorio, y que les fuera reducido durante cinco años de conformidad con lo normado por el art. 34 de la ley 24.018- son tan convincentes, la ley es tan clara y la jurisprudencia tan pacífica, que se convierte en un imperativo de justicia restituirles -bien que en forma ‘precaria’ dada la etapa en que se halla el juicio- el goce y ejercicio del derecho disputado, hasta tanto se dicte sentencia definitiva sobre la cuestión de fondo (art. 230 C.P.C.C.), gravando al Estado demandado con las consecuencias de la duración del proceso -normalmente a cargo del actor- dada la fuerte presunción o ‘verosimilitud’ de su obrar arbitrario”. (Cámara Federal de la Seguridad Social, Sala II sent. int. 49197 29.04.99 “ANCHORENA, TOMÁS JOAQUÍN Y OTROS c/ A.N.Se.S.”). Asimismo, “El primer deber que le cabe al juez cuando se esgrimen pretensiones “urgentes” -amparos, cautelares, habeas corpus, etc.- es proporcionar oportuna tutela mediante decisiones también “urgentes”; flamante fenómeno procesal de naturaleza garantista que, a despecho de su magra recepción en las leyes rituales de nuestro país -que sólo contemplan las tradicionales providencias cautelares-, la doctrina ha ido pergeñando sus indóciles contornos -a partir de la premisa de que “no todo lo urgente es cautelar”- bajo distintas denominaciones, a saber: tutela anticipatoria (según Adolfo A. Rivas, anticipatorias “propias” e “impropias”, impropias por “consumación” y por “satisfacción” -ver autor citado, “La jurisdicción anticipatoria y la cosa juzgada provisional”, L.L. Actualidad, 22.02.96, pág. 2-), medidas autosatisfactivas, proceso urgente, etc. (ver Herrero, Luis René, “Decisión oportuna sobre pretensiones urgentes”, E.D. 165-995; Peyrano, Jorge W., “La medida autosatisfactiva”, E.D. 169-1345; De los Santos, Mabel, “Medida autosatisfactiva y medida cautelar -semejanzas y diferencias entre ambos institutos procesales-”, Revista de Dcho. Procesal, Rubinzal Culzoni, nº 1, pág. 31 y ss). Conforme dicha línea argumental y fiel al axioma de que el procedimiento debe operar en función del derecho y no el derecho en función del procedimiento, va de suyo que no constituye un argumento serio para rechazar una medida cautelar que su despacho importe “entrar de lleno en la cuestión de fondo”. Ello así, no sólo porque en dichas medidas únicamente se requiere ‘verosimilitud’ y no ‘certeza’ del derecho, sino porque los argumentos esgrimidos por los actores -en el caso, pretendiendo la restitución del 85% del haber que les corresponde por la ley que les otorgó el beneficio jubilatorio, y que les fuera reducido durante cinco años de conformidad con lo normado por el art. 34 de la ley 24.018- son tan convincentes, la ley es tan clara y la jurisprudencia tan pacífica, que se convierte en un imperativo de justicia restituirles -bien que en forma ‘precaria’ dada la etapa en que se halla el juicio- el goce y ejercicio del derecho disputado, hasta tanto se dicte sentencia definitiva sobre la cuestión de fondo (art. 230 C.P.C.C.), gravando al Estado demandado con las consecuencias de la duración del proceso -normalmente a cargo del actor- dada la fuerte presunción o ‘verosimilitud’ de su obrar arbitrario”. (Cámara Federal de la Seguridad Social, Sala II sent. int. 49197 29.04.99 “ANCHORENA, TOMÁS JOAQUÍN Y OTROS c/ A.N.Se.S.”).

Acerca de la procedencia del instituto, los tribunales han opinado que “Llegados los autos a despacho de tal manera para resolver, y expuesta sintéticamente la pretensión, necesario es tener presente que la medida autosatisfactiva es un requerimiento urgente formulado al órgano jurisdiccional por los justiciables, que se agota con su despacho favorable, no siendo, entonces, necesaria la iniciación de una ulterior acción principal para evitar su caducidad o decaimiento. Se caracteriza porque se ordena inaudita et altera pars, debiendo existir una fuerte probabilidad de que lo requerido es jurídicamente atendible, sin que resulte suficiente la mera verosimilitud a la que alude el Art. 230 del ordenamiento procesal. En este sentido, resulta esclarecedor el Despacho de la Comisión de Derecho Procesal Civil y Concursal del XIX Congreso Nacional de Derecho Procesal celebrado en la ciudad de Corrientes, durante el mes de agosto de 1997. Según sus conclusiones, "...la medida autosatisfactiva es una solución urgente no cautelar, despachable in extremis, que procura aportar una respuesta jurisdiccional adecuada a una situación que reclama una pronta y expedita intervención del órgano judicial.
Posee la característica de que su vigencia y mantenimiento no depende de la interposición coetánea o ulterior de una pretensión principal. Su dictado esté sujeto a los siguientes requisitos: concurrencia de una situación de urgencia, fuerte probabilidad de que el derecho material del postulante sea atendible; quedando la exigibilidad de la contracautela sujeta al prudente arbitrio judicial...". Con ella se "...procura remediar la flaqueza propia de la teoría cautelar clásica conforme a la cual sólo puede obtenerse una solución jurisdiccional urgente a través de la promoción de una cautelar que, ineludiblemente, reclama la ulterior o concomitante iniciación de un proceso principal, so pena del decaimiento de la respuesta jurisdiccional urgente obtenida..." (Cfr. Jorge W. Peyrano, "La Medida Autosatisfactiva: Forma diferenciada de tutela que constituye una expresión privilegiada del proceso urgente. Génesis y Evolución", en "Medidas Autosatisfactivas", Editorial Rubinzal Culzoni, p g. 16).
Por lo demás, desde el punto de vista doctrinario "...han sido muchos y variados los supuestos en los que se ha postulado la aplicación de `medidas autosatisfactivas'..." ; y así, mientras por un lado se las ha utilizado en situaciones fácticas donde se conjuga la mayor dosis de urgencia con la necesidad de prevenir y asegurar derechos o libertades medulares (que registran reforzada protección constitucional, como la vida, la salud, etc.), también se las ha aplicado en otro contexto con una menor dosis de urgencia en la tutela requerida, pero con la posible coexistencia de derechos contrapuestos en cabeza de los destinatarios de la orden judicial, en la que los actos tachados de ilegales o arbitrarios son una manifestación más o menos regular de su ejercicio.
En éste último caso, explica la doctrina, un juicio prudente aconsejaría "...1) No hacer lugar a la misma si existiera duda razonable acerca de su procedencia...2) Denegar su dictado si una suerte de pronóstico provisorio a priori determinara como probable que pudiere causar daño irreparable a su recipendiario. 3) Exigir al peticionante una declaración categórica que demuestre que su interés se circunscribe y agota en el dictado de la medida, funcionando la misma como una renuncia expresa a prior a entablar un juicio principal...en relación a los mismos hechos...", exigencia ésta última en la que sin embargo, los autores no logran acuerdo, y "...4) Rechazar su dictado si no surge cierto y manifiesto que la conducta desplegada por el requerido constituye una vía de hecho directamente generadora de un daño injusto actual o inminente al que se debe poner coto de manera urgente...". (Marcela García Sol, "Medidas Autosatisfactivas: La excepcionalidad de su procedencia. Aproximaciones para su categorización. Particularidades de su trámite", en la obra citada, dirigida por Peyrano, p g.279).
También explica Griselda Noemí Ferrari en la misma obra (p g. 219, "Tutela de Urgencia") que en relación a las llamadas medidas autosatisfactivas se plantean situaciones diversas: "...1. Por una parte, encontraremos supuestos que encajan perfectamente con los planteos teóricos de la tutela inhibitoria: casos de daño inminente y grave que afecta a derechos fundamentales de la persona: vida, honor, calidad de vida, intimidad...en que el peligro de daño jurídico es tal que una reparación pecuniaria posterior no brinda una solución adecuada al derecho dañado... 2. Existe otro grupo de supuestos en el que no se da una situación de urgencia, o que la misma no es necesaria para que sea favorablemente despachada...No existe una urgencia que justificar ni la necesidad de explicar los daños...Por el contrario, se trata de un derecho que debe ser inmediatamente operativo y la sencillez de la situación no justifica un proceso de conocimiento largo y complicado. ...En este caso, no existe el peligro inminente ni un daño que se quiere evitar sino simplemente un derecho que se quiere ejercer y que se puede hacer inmediatamente efectivo, sin que el interesado deba demostrar la urgencia, el peligro que la demora ocasionaría. ...". Es un proceso fundado en la simplicidad de la situación” (JFederal, General Roca, 4 de marzo de 2002 , “SANATORIO JUAN XXIII SRL C/ ESTADO NACIONAL Y OTRO S/ MEDIDA AUTOSATISFACTIVA", Expediente N° 913, Folio 5, 2002).

En el mismo orden, se ha establecido que “...de acuerdo a la medida peticionada por los actores, debo señalar que son dos las cuestiones a analizar y que, a mi criterio, se encuentran conectadas entre sí. En primer lugar, los requisitos de procedibilidad de la medida peticionada, y en segundo término, las condiciones de admisibilidad formal de la pretensión. En cuanto al primero de los aspectos señalados cabe precisar que, la procedencia de las medidas autosatisfactivas está supeditada a la concurrencia simultánea de circunstancias infrecuentes derivadas de la urgencia impostergable en la que el factor tiempo y la prontitud aparecen como perentorios, de la fuerte verosimilitud sobre los hechos, con grado de certidumbre acreditada al inicio del requerimiento o en su caso , de sumaria comprobación; la superposición o coincidencia entre el objeto de la pretensión cautelar, provisional o preventiva con la pretensión material o sustancial, de modo que el acogimiento de aquella torne abstracta la cuestión a resolver porque se consumió el interés jurídico(procesal y sustancial) del peticionante. (Ver en tal sentido Peyrano Jorge, "Medidas autosatisfactivas"Ed. Rubinzal-Culzoni, p. 61, 1999).
Debe señalarse en primer lugar que si bien la medida en estudio carece de regulación legal específica, es abundante la jurisprudencia que admite su proponibilidad como un medio de satisfacer en forma inmediata un derecho que se pretende lesionado, toda vez que se ha sostenido que la operatividad actual de las medidas autosatisfactivas deriva del poder cautelar general que le asiste al Juez conforme el art. 232 del CPCC que constituye "una norma casi en blanco para que sea llenada por el magistrado", en situaciones de excepcionalidad y previa verificación de la concurrencia de los restantes recaudos, (Berizonce, "Tutela anticipada y definitoria, JA, 1996-IV-764, ob. cit., p. 67). En tal dirección se han delineado los requisitos que deben reunir este tipo de medidas, tales como el peligro en la demora y la exigencia de una fuerte probabilidad de atendibilidad del derecho alegado por el peticionante. Por otra parte, se trata de un proceso autónomo, en tanto que no es accesorio ni tributario respecto de otro, agotándose en sí mismo, siendo soluciones despachables "inaudita pars" y mediando una fuerte probabilidad de que los planteos sean atendibles(JA, 1995-I-900, "Lo urgente y lo cautelar", Peyrano Jorge; ED, 15/3/01, "Un segundo hito jurisprudencial de bienvenida a la medida autosatisfactiva", Peyrano Jorge; ED, T°169, p. 1. 345; ED, T°180-284).
Que respecto al "quantum probatorio" que se debe acompañar "ab initio" a la demanda de tutela urgente o pedido de dictado de una medida autosatisfactiva, debo decir que atendiendo a la exigencia de uno de los requisitos exigidos para la procedencia de una medida de éste tenor-fuerte probabilidad de que le asista razón en el planteo al interesado-deberá adjuntar la prueba pertinente en que se funden sus alegaciones. Esto es, será el peticionante de la medida autosatisfactiva quien proveerá de consistencia y veracidad su relato fáctico que avalen su seriedad.
En tal sentido la actora en autos, peticiona se dicte una medida autosatisfactiva en defensa de sus salarios, su derecho a trabajar y su fuente de trabajo a los efectos de que por intermedio de la misma se ordene a las autoridades del Banco del Chubut SA y a su personal que se abstengan de cumplir cualquier medida cautelar o autosatisfactiva que implique la sustracción de fondos de dicha entidad bancaria, manifestando que de no ocurrir ello, la entidad crediticia se verá afectada en su liquidez con el peligro cierto de la pérdida de las fuentes de trabajo.
Ahora bien, tal como lo he señalado, para el dictado de una medida como la que se peticiona, es necesario una fuerte probabilidad de que el actor tiene efectivamente razón en el planteo , y ello significa que debe aportarse en autos una evidencia clara y convincente de que ello resulta así. En tal sentido los accionantes sólo acompañan en su respaldo la prueba documental individualizada en el apartado IX. Prueba documental, consistente en copias de mandamientos librados en las medidas cautelares tramitadas por ante el Juzgado Federal de Rawson y copias de recibos de haberes que acreditarían la condición de empleados del Banco del Chubut SA de los reclamantes, lo que a todas luces resulta insuficiente a los efectos de probar mínimamente las manifestaciones efectuadas en el libelo inicial. Esto resulta así puesto que el derecho o interés de los postulantes debe aparecer "prima facie" como cierto, manifiesto y suficientemente probado, es decir, respaldado por prueba que aparentemente demuestre una fuerte probabilidad de que lo postulado resulta atendible. Y en autos como se dijera resulta insatisfecho el grado de probabilidad requerido en los derechos de los presentantes, (ob. cit. , p. 74/275). Asimismo y respecto al restante requisito, esto es la urgencia(que es mucho mas que el periculum in mora)en que sea atendido el pedido del reclamante bajo riesgo de sufrir un daño inmimente e irreparable, debo decir que en la mayoría de los casos, el daño, actual o inminente, se origina en la conducta(activa u omisiva)culposa, arbitraria o dilatoria del requerido de la diligencia, debiendo surgir en forma cierta y manifiesta que la conducta desplegada por el requerido constituye una vía de hecho directamente generadora de un daño injusto, actual o inminente al que se debe poner coto urgentemente. A los efectos de probar ello debe indefectiblemente de contarse con material probatorio idóneo a tal fin, lo que tampoco ocurre en el caso de autos en el que se cuenta únicamente con las probanzas ya referenciadas, (ob. cit. , p. 279). Dicho daño no aparece probado "prima facie", toda vez que para juzgar sobre la configuración del daño esgrimido por la actora, hubiera sido preciso, contar con serios elementos de juicio que posibiliten valorar el peligro que corre la entidad financiera frente a los cumplimientos de las medidas cautelares que se mencionan y que según los actores coloca al banco en cuestión en una situación de riesgo. Dichas diligencias probatorias que menciono, obviamente exceden el restringido y excepcional ámbito procedimental de la vía elegida por los actores, (ob. cit. , p. 2799).
En cuanto al segundo de los aspectos señalados al comienzo del presente análisis, esto es, las condiciones de admisibilidad formal de la pretensión, considero que tampoco resulta jurídicamente posible el efecto jurídico perseguido por los interesados. Me refiero al objeto inmediato de la pretensión, es decir, a la clase de pronunciamiento que se solicita. En este sentido, la doctrina y jurisprudencia se ha manifestado en forma monocorde y reiterada acerca de la improcedencia del dictado de medidas cautelares que tengan por objeto paralizar la tramitación de otros procesos, o interferir en litigios de trámite por ante otro tribunal. Así, se ha dicho que "no es permisible al juzgador el acogimiento de una medida de no innovar que tenga por efecto paralizar la tramitación de otro proceso, toda vez que en tal supuesto ejerce un acto de imperio que provoca una alteración sustancial, la cual, en caso que fuere legalmente admisible, sólo puede provenir de quien tiene jurisdicción originaria -exclusiva y excluyente- en el pleito y no de un juez que entiende en otra causa por muy vinculada que se halle a la primera". En idéntico sentido se ha señalado que "la prohibición de innovar no puede tener por efecto interferir o paralizar la sustanciación de un litigio que tramite ante otro tribunal, tanto más si con ella se afecta a quien no es parte en el proceso donde se la dictó". Así también, se dijo que "no constituye la vía adecuada para impedir la prosecución de procesos distintos a aquel en que se dicta ni puede concluir con la paralización -a priori- de una eventual demanda a dirigirse contra el peticionario, ya que este objeto sobrepasa los límites y modalidades propias de la cautela en cuestión, sin perjuicio que el impetrante haga valer los derechos que estime le corresponden en el juicio que la acreedora incoare en el respectivo fuero". Finalmente, "así como no puede prohibirse al acreedor ejercer su facultad de peticionar ante la autoridad judicial, no puede limitarse tampoco, desde otro proceso, por vía de una medida precautoria el trámite previsto en el ordenamiento procesal para lograr la satisfacción de esos derechos". -Morello-Sosa-Berizonce, Códigos Procesales, II-C, pags. 967/968 y 1006/1008-.
De acuerdo a ello, en el caso, aun cuando la medida autosatisfactiva no resulta procedente, tampoco lo es la adopción de una medida cautelar innovativa -artículo 230 del Código Procesal Civil y Comercial- como parece inferirse del objeto de la pretensión que se demanda. La petición concreta que los actores efectúan, importaría la interferencia por parte del suscripto de decisiones adoptadas por otros jueces con jurisdicción originaria respecto de las causas que tramitan ante ellos, lo cual, sin lugar a dudas me resulta vedado en mérito a lo expuesto anteriormente. Por otra parte, se afectaría el derecho constitucional de ocurrir ante el órgano jurisdiccional para hacer valer los reclamos que el acreedor entienda legítimos, si se adoptara como se pretende en esta oportunidad una medida cautelar como la solicitada. Por estas razones, entonces, considero que el objeto de la pretensión exigida en autos resulta inidónea para alcanzar la finalidad pretendida por los interesados” (JFederal Rawson, "IRALDE, MARIA DE LAS MERCEDES Y OTROS S. MEDIDA AUTOSATISFACTIVA", Expediente Nº 206 - Fº39 - 2002 – F° 9313).
A mayor abundamiento: “La procedencia de las medidas autosatisfactivas está supeditada a la concurrencia simultánea de circunstancias infrecuentes (o sea no cotidianas) derivadas de la urgencia impostergable en la que el factor tiempo y la prontitud aparecen como perentorios; de la fuerte verosimilitud sobre los hechos, con grado de certidumbre acreditada al inicio del requerimiento o, en su caso de sumaria comprobación; la superposición o coincidencia entre el objeto de la pretensión cautelar, provisional o preventiva –en la terminología clásica- con la pretensión material o sustancial, de modo que el acogimiento de aquélla torne generalmente abstracta la cuestión a resolver porque se consumió el interés jurídico (procesal y sustancial del peticionante). (Conf. JORGE W. PEYRANO, “MEDIDAS AUTOSATISFACTIVAS” pág 27, 28 y 61).
Así, es menester tener presente que la vía elegida configura un requerimiento urgente formulado al órgano jurisdiccional por los justiciables, que se agota con su despacho favorable, no siendo, entonces, necesaria la iniciación de una ulterior acción principal para evitar su caducidad o decaimiento y que se caracteriza porque se ordena inaudita et altera pars, debiendo existir una fuerte probabilidad de que lo requerido sea jurídicamente atendible, habiéndose sostenido en las conclusiones de la Comisión de Derecho Procesal Civil y Concursal del XIX Congreso Nacional de Derecho Procesal celebrado en la ciudad de Corrientes, en el mes de agosto de 1.997 “...la medida autosatisfactiva es una solución urgente no cautelar, despachable in extremis, que procura aportar una respuesta jurisdiccional adecuada a una situación que reclama una pronta y expedita intervención del órgano judicial. Posee la característica de que su vigencia y mantenimiento no depende de la interposición coetánea o ulterior de una pretensión principal. Su dictado está sujeto a los siguientes requisitos: concurrencia de una situación de urgencia, fuerte probabilidad de que el derecho material del postulante sea atendible; quedando la exigibilidad de la contracautela sujeta al prudente arbitrio judicial...” (cfr. Jorge W. Peyrano, “La Medida Autosatisfactiva: Forma diferenciada de tutela que constituye una expresión privilegiada del Proceso Urgente. Génesis y Evolución” en MEDIDAS AUTOSATISFACTIVAS, Ed. Rubinzal Culzoni, pág. 16, en autos: “COSTA, Patricia Matilde y Otros c/ ESTADO NACIONAL y Otro s/ Medida Autosatisfactiva”; Expte.: 47/2002, Juzg. Fed. Gral Roca, Pcia. Río Negro, en Novedades, NEUJUS).
Cabe por ende, encuadrar en estos términos procesales el pedido de la actora, y ante la urgencia que sin duda por los motivos que expresaré “ut infra” requiere este pronunciamiento.
Funda la requirente su petición en razón de su avanzada edad (78 años, ver partida de nacimiento de fs. 30), el padecimiento de una enfermedad crónica (cfr. Certificado médico de fs. 3 y vta.), y como ella indica “para sobrellevar con la mayor dignidad posible los últimos años de mi vida” (sic, fs. 25vta.).
En igual sentido, acompaña un certificado a plazo fijo nominativo expedido por el Banco Provincia de Neuquén S.A., Sucursal Plaza Huincul, por una suma de U$S 10.792.- (ver fs. 2), y Carta Documento remitida por la citada institución donde se le informa que por las disposiciones del Decreto 214/02 y Comunicación “A” 3467 del B.C.R.A. y cc. se ve impedido de proceder a la devolución de los depósitos constituidos en moneda extranjera. En éstos términos, surge de manera evidente y manifiesta que a la luz de los elementos aportados por la requirente, se cumplimentan los requisitos exigidos para la procedencia de la vía procesal elegida (verosimilitud del derecho y la urgencia que importa el peligro en la demora).” (“COFRE, María Celina c/ BANCO DE LA PROVINCIA DE NEUQUEN (SUC. Plaza Huincul) s/ Medida Autosatisfactiva”, Expediente N° 31.970, F° 115, 2002, Secretaría N° 1 del Juzgado de Primera Instancia en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de la ciudad de Cutral Co, Pcia. del Neuquen).
En el mismo orden, se ha dispuesto que “Sentadas dichas conclusiones, corresponde entrar ha analizar la viabilidad o no de la medida autosatisfactiva impetrada. Que la medida autosatisfactiva como ya fuera adelantado, es un requerimiento urgente formulado al órgano jurisdiccional por los justiciables que generalmente se agota con su despacho (conf. ED 190 – 339). Aunque no exista regulación legal acerca de sus requisitos, resulta procedente su acogimiento por cualquier carril procesal que se considere pertinente, pues de los contrario se desoiría el mandato constitucional que otorga a los particulares el derecho a obtener una respuesta expedita por parte del órgano jurisdiccional (doctr. Art. 75 inc. 22 de la Constitución Nacional; art. 18 inc. 8°, 9° y ctes de la Constitución Provincial; conf. ED 190-339). Por lo tanto, son requisitos de su admisibilidad: fuerte probabilidad de que el derecho material del postulante sea atendible; concurrencia de una situación de urgencia; quedando la exigibilidad de la contracautela sujeta al prudente arbitrio judicial, (XIX Congreso Nacional de Derecho Procesal – Corrientes, 1997).-
Entiendo que en el caso sublite dichos recaudos se encuentran cumplidos. En efecto, el primero de los mencionados recaudos, se encuentra acreditado con el acompañamiento del acta notarial (de la cual surge que el Dr. Eduardo Aurelio Algañaras resulta titular de la caja de ahorro en dólares N° 036029522/2); así como de las constancias instrumentales glosadas a fs. 4/5 (de donde surge que dicha cuenta tiene un saldo de dólares estadounidenses de tres mil ciento treinta y uno con cincuenta y que han sido pesificados la cantidad de U$S 42.750 en una cuenta de reprogramación a su nombre – v. fs. 6). Cabe advertir que de la lectura de la actuación notarial de fecha 18/02/2002 (Escritura N° 126) surge que el Gerente del Banco Bansud S.A Sucursal Esquel y ante la solicitud del actor del cobro integro e inmediato y en la moneda pactada de los importes reclamados manifestó en presencia de los testigos que da cuenta la misma, que no se hacía efectiva por cumplir con la normativa legal vigente que es de público conocimiento. Resulta pues, indudable a la luz de lo analizado precedentemente en el pto. 4) de ésta resolución, la existencia de un interés tutelable cierto y manifiesto, al advertirse un abuso de confianza y una degradación de la buena fe comercial que es principio esencial de nuestro orden jurídico y sin el cual es imposible que las instituciones funcionen adecuadamente en una República democrática y base de las contrataciones como standard jurídico (art. 1198 del Código Civil); y sin olvidar que los Bancos son empresas profesionales y en esta cualidad los contratos o vinculaciones jurídicas con los bancos son, para quienes tienen con ellos esas relaciones, especies de contratos fiduciarios, toda vez que para los depositantes la seguridad de la cosa es el fin esencial en tales depósitos y en los depósitos de caja de ahorro hay todavía una finalidad más intensa de custodia. El deber de custodia que le incumbe al Banco respecto de los titulares de las cuentas de ahorro se acerca más a una obligación de diligencia, que consiste no solo en que quien recibe lo emplee de manera “prudente y liquida” para estar siempre en situación de restituirlo cuando le sea reclamado, sino también en “conservar” en sus cajas dinero bastante para satisfacer las probables demandas de su clientes (confr. ED 95 – 696; SP La Ley 981 – 60, DJBA 120 – 196 entre otros); circunstancia la descripta que obliga a la entidad bancaria a ajustar su conducta a las reglas de la Ley 24.240. En efecto, el articulo 1° de la Ley 24240 considera consumidores o usuarios a las personas físicas o jurídicas que contratan a título oneroso para consumo final o beneficio propio o de su grupo familiar la adquisición o locación de cosas muebles, la prestación de servicios y adquisición de viviendas. Es decir que nuestro ordenamiento considera “consumidor” tanto a las personas físicas como a las jurídicas, siempre y cuando contraten a título oneroso para su consumo final o beneficio propio o de su grupo familiar. Además porque se trata de un servicio que no permite al usuario integrarlo en procesos de producción, transformación, comercialización o prestación a terceros (art. 2° Ley 24.240). El art. 2° de la ley dispone que quedan obligados al cumplimiento de la misma todas las personas físicas o jurídicas, sean públicas o privadas, que en forma profesional produzcan, importen, distribuyan, o comercialicen cosas o presten servicios a consumidores ; o usuarios; y en este sentido – reitero - los Bancos son empresas profesionales y en la prestación de sus servicios deben ajustar su conducta a las reglas de la Ley 24.240.-
Por lo que se advierte que el comportamiento de la entidad bancaria y a la luz de lo analizado precedentemente vulnera el régimen de defensa del consumidor, ya que configura una restricción indebida a los derechos del mismo.
El requisito de concurrencia de una situación de urgencia en la materia se traduce en que la tutela inmediata sea imprescindible, frustrándose en caso contrario el derecho invocado (conf. Mabel De Los Santos, Medida Autosatisfactiva y Medida Cautelar, p.54, en Revista de derecho Procesal – Medidas Cautelares, Rubinzal Culzoni). En ese sentido no puede dejar de ponderarse la circunstancia de que tratándose el Dr. Algañarás de un profesional del derecho aparece como imprescindible una tutela inmediata habida cuenta que no solo la retención de su dinero – que es de su propiedad – lo perjudica él, sino también a quienes son sus clientes al no poder pagarles las sumas que ha percibido por cuenta y orden de ellos en su carácter de mandatario” (JCyC Esquel, “ALGAÑARAS, EDUARDO A. c/ BANCO BANSUD S.A. s/ MEDIDA AUTOSATISFACTIVA”, Expediente N° 100, F°. 193. 2002).”.

Medida autosatisfactiva y derecho ambiental
Este proceso constituye una herramienta importantísima para el derecho procesal ambiental. En efecto, la mayor parte de las causas de esta materia (por no decir todas) requieren soluciones urgentes. “En materia ambiental, por lo menos en las actuales circunstancias, esa urgencia aparece casi siempre ínsita, por la impostergabilidad de las respuestas exigidas por el deterioro cierto y progresivo de las condiciones naturales de vida” [31].
Y es esa urgencia un tema indiscutible cuando se trata de la defensa de intereses ambientales. “El cuadro de la situación ambiental en el mundo, y también en nuestro país, resulta francamente aterrador. Los poderosos intereses de la producción industrial y agropecuaria tienen todavía mayor incidencia en la toma de decisiones políticas, administrativas y empresariales, que lso de quienes defienden soluciones ambientalistas (muy probablemente por cuanto los primeros aún no han comprendido que la tutela del medio ambiente en definitiva también constituye un beneficio para ellos mismos). Tal estado de cosas justifica sobradamente calificar de “urgente” la protección del medio ambiente a través de la medida autosatisfactiva” [32].
Ante una situación que afecte al medio ambiente, la respuesta debe ser rápida y anticipatorio, a fin de hacer cesar el hecho generador del daño actual o futuro. Así, y haciendo valer el principio de prevención establecido en el artículo 4º de la Ley Nº 25.675 [33], los jueces pueden dictar una medida autosatisfactiva destinada a evitar la degradación ambiental. Los fundamentos para resolver la aplicación de una figura procesal como la analizada encuentran su origen en muchos núcleos temáticos del derecho ambiental, “principalmente en la “prevención”, pero también cuando la apuntada “urgencia” así lo justifique, en la “recomposición” o incluso en la “reparación”, estas medidas pueden aportar soluciones útiles en materia ambiental y, fundamentalmente, temporáneas” [34].
Los jueces, como Poder del Estado, tienen la obligación de velar por el cuidado del medio ambiente (artículo 41 de la Constitución Nacional). Y es en ese sentido que, ante la posibilidad de afectación del entorno natural y paisajístico, deben aplicar todas las herramientas jurídicas a su alcance para garantizar la integridad ambiental. Uno de ellos es la aplicación de la medida autosatisfactiva como elemento rápido y eficaz para resolver cuestiones de este tipo. “La adopción de medidas urgentes y definitivas para prevenir los daños al ambiente (…) y para recomponer los ya ocasionados (…) resultan soluciones que no admiten dilaciones y que bien podrían llegar a ser dispuestas a través de medidas autosatisfactivas ordenadas jurisdiccionalmente, ante una eventual inacción de otros poderes públicos para atender a esta situación” [35].
Además, deben garantizar el acceso a la jurisdicción ambiental [36], eliminando toda traba que obste a la efectiva concreción de la tutela.
Así las cosas, existen varios supuestos donde se pueden aplicar medidas autosatisfactivas en temas ambientales:
· Urgencia manifiesta (por ejemplo, ante inacción de una empresa petrolera por derrame de crudo);
· Falta de recaudos procedimentales (no realización de la Evaluación de Impacto ambiental – EIA - o realización de un proyecto con EIA negativa);
· Cualquier otra cuestión ambiental que deba resolverse de puro derecho.
Queda claro que la prestación de justicia debe ser efectiva y eficiente [37], permitiendo a todo justiciable obtener la tutela integral de sus derechos. Y es la medida autosatisfactiva un instrumento procesal de avanzada que nunca debe faltar en el bagaje de todo abogado ambientalista. “La tutela integral y completa del medio ambiente exige hoy la participación, el compromiso y la acción de todos y, a esos efectos, los instrumentos procesales, incluidos los más novedosos medios de tutela, constituyen herramientas de las que no se puede prescindir” [38].

[1] PODETTI, Ramiro, “TEORÍA Y TÉCNICA DEL PROCESO CIVIL”.
[2] PEYRANO, Jorge , “VADEMÉCUM DE LAS MEDIDAS AUTOSATISFACTIVAS”, J.A. 1996-11- pág. 709.
[3] PEYRANO, Jorge, “REGIMEN DE LAS MEDIDAS AUTOSATISFACTIVAS”, LL. 1998 – A, pág. 968.
[4] PEYRANO, Jorge , “VADEMÉCUM DE LAS MEDIDAS AUTOSATISFACTIVAS”, J.A. 1996-11- pág. 709.
[5] PEYRANO, Jorge, “REGIMEN DE LAS MEDIDAS AUTOSATISFACTIVAS”, LL. 1998 – A, pág. 971.
[6] “Dicha medida, importa una satisfacción definitiva de los requerimientos de los postulantes. Su vigencia y mantenimiento no depende de la interposición simultánea o posterior de una pretensión principal. Es un medio de tutela rápida y extraordinaria, admisible restrictivamente ante la inexistencia de otra vía procesal eficaz." ("Medida Autosatisfactiva y Medida Cautelar". Mabel de los Santos. Revista de Derecho procesal. Medidas Cautelares. Tomo 1. Ed.pág.47. Rubinzal Culzoni); "…y cuya tutela inmediata es imprescindible" (op.cit. Pág. 54). (STJ Neuquen, .R.I. N° 2686/00, “Provincia de Neuquén c/Orlando Gustavo s/Desalojo”)
[7] “La medida autosatisfactiva, constituye un proceso urgente, AUTONOMO (no es accesorio de otro, ni instrumental como las medidas cautelares propiamente dichas, sino que se agota en sí mismo), para cuya procedencia se requiere peligro en la demora y no se exige una apariencia del derecho invocado sino una fuerte probabilidad cercana a la certeza de que las pretensiones del peticionante sean atendibles, justificándose que se prescinda de la certeza absoluta y se la sustituya por ese grado de conocimiento sólo en razón de la urgencia de la tutela.” (STJ Neuquen, .R.I. N° 2686/00, “Provincia de Neuquén c/Orlando Gustavo s/Desalojo”)
[8] Más allá que, conforme a algunos autores, “si bien la regla es el despacho “ inauidita et altera pars” de la medida autosatisfactiva, puede aceptarse que en determinadas coyunturas el tribunal interviniente puede arbitrar alguna suerte de módica sustanciación previa” (PEYRANO, Jorge, “REGIMEN DE LAS MEDIDAS AUTOSATISFACTIVAS”, LL. 1998 – A, pág. 971).
[9] "... Es conteste la doctrina en sostener que el rasgo mas común de este tipo de medidas radica en el carácter urgente, lo cual presupone que su dictado deba efectuarse en el lapso más breve posible y aún inaudita parte, esto último, cuando medie una probabilidad cercana a la certeza del derecho, caso contrario, deberá preverse algún tipo de sustanciación rápida, compatible con la efectividad de lo pretendido y el carácter urgente de la pretensión. (Conf. Berizonce Roberto, “La tutela anticipatoria en Argentina (estado actual de la doctrina y antecedentes legislativos)" en J.A. semanario N° 6093 del 10-6-98 -pág.13-)”.(STJ Neuquen, .R.I. N° 2686/00, “Provincia de Neuquén c/Orlando Gustavo s/Desalojo”).
[10] GARDELLA, Luciano, “MEDIDAS AUTOSATISFACTIVAS. TRÁMITE. RECURSOS”, en Peyrano, Jorge “MEDIDAS AUTOSATISFACTIVAS”, página 236.
[11] Cámara en lo Civil y Comercial de Mar del Plata, Sala II, expediente 11.754.
[12] PEYRANO, Jorge, “REGIMEN DE LAS MEDIDAS AUTOSATISFACTIVAS”, LL. 1998 – A, pág. 969.
[13] "LA PROHIBICIÓN DE MEDIDAS CAUTELARES ES INCONSTITUCIONAL", LL, diario del 28 de agosto de 2001.
[14] SUBIRATS ALEIXANDRI, Maríia, “LAS MEDIDAS CAUTELARES: SU INSTRUMENTALIDAD”, Tododerecho.com, julio 2001.
[15] Artículo 230 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación.
[16] “Presupuestos de fundabilidad de las medidas autosatisfactivas y de las medidas cautelares. Presupuestos de fundabilidad de las medidas autosatisfactivas y de las medidas cautelares”. Efraín Ignacio QUEVEDO MENDOZA (H), www. Abogados-Rosario.com.ar.
[17] La doctrina ha creado otro instrumento específicamente denominado TUTELA ANTICIPADA y que está plasmada en el Art. 65 del proyecto de reforma al Código Procesal Civil y Comercial de la Pcia. de Bs. As. elaborado por los Dr. Morello, Arazi y Kaminker: "El juez podrá anticipar, luego de la traba de la litis, a requerimiento de parte, total o parcialmente, los efectos de la tutela pretendida en la demanda o reconvención si: 1) existe convicción suficiente acerca del derecho invocado, 2) se advierta en el caso tal grado de urgencia que si la medida no se adoptase en ese momento, se causaría un daño irreparable al peticionante, 3) se efectivice contracautela suficiente...4) la anticipación no produzca efectos irreparables en la sentencia definitiva. La decisión no configurará prejuzgamiento.
[18] Boletín JA,12-04-00, pág. 28.
[19] PEYRANO, Jorge, “UNA ESPECIE DESTACABLE DEL PROCESO URGENTE: LA MEDIDA AUTOSATISFACTIVA”, JA, 1999 – III, pág. 833.
[20] “...se ha señalado como dato distintivo característico de las denominadas autosatisfactivas y que las diferencian de las cautelares comunes, que la medida autosatisfactiva no es instrumental, circunstancia que evidencia su condición de diligencia no cautelar. Tampoco es provisional por cuanto su resultado no queda ligado al resultado de la litis principal, ya que se trata de un proceso urgente y autónomo.."...con referencia a la denominada "tutela anticipada", cabe resaltar siguiendo al Dr. Arazi que la tutela anticipada: "presupone la necesidad de satisfacer de manera urgente, total o parcialmente la pretensión que el peticionario formulara en el proceso, antes del dictado de la sentencia definitiva, por el daño irreparable que originara cualquier dilación (ROLAND ARAZI. "Tutela Anticipada", Revista de Derecho Procesal. Medidas Cautelares. Tomo 1.Ed.pág. 391.Ed. Rubinzal Culzoni)”. (STJ Neuquen, .R.I. N° 2686/00, “Provincia de Neuquén c/Orlando Gustavo s/Desalojo”).
[21] La doctrina ha creado otro instrumento específicamente denominado TUTELA ANTICIPADA y que está plasmada en el Art. 65 del proyecto de reforma al Código Procesal Civil y Comercial de la Pcia. de Bs. As. elaborado por los Dr. Morello, Arazi y Kaminker: "El juez podrá anticipar, luego de la traba de la litis, a requerimiento de parte, total o parcialmente, los efectos de la tutela pretendida en la demanda o reconvención si: 1) existe convicción suficiente acerca del derecho invocado, 2) se advierta en el caso tal grado de urgencia que si la medida no se adoptase en ese momento, se causaría un daño irreparable al peticionante, 3) se efectivice contracautela suficiente...4) la anticipación no produzca efectos irreparables en la sentencia definitiva. La decisión no configurará prejuzgamiento".
[22] Boletín JA,12-04-00, Pág. 28
[23] Díaz Ortiz, José A., Revista AAEF, Febrero 1999.
[24] Op. Cit.
[25] Ver artículo 198 del CPCCN, in fine.
[26] PEYRANO, Jorge, “REGIMEN DE LAS MEDIDAS AUTOSATISFACTIVAS”, LL. 1998 – A, pág. 971.
[27] Mabel DE LOS SANTOS, “Medida autosatisfactiva y medida cautelar- semejanzas y diferencias entre ambos institutos procesales”, en Revista de Derecho Procesal, , p. 49, 51, Rubinzal - Culzoni Editores.
[28] LL, 1997-E-653.
[29] Arazi, siguiendo la doctrina sentada por la Corte en este caso Camacho Acosta, sostiene que la tutela anticipada presupone la necesidad de satisfacer de manera urgente, total o parcialmente la pretensión que el peticionario formulara en el proceso, antes del dictado de la sentencia definitiva, por el daño irreparable que originaría cualquier dilación (Arazi, Roland, “Tutela Anticipada”, Revista de Derecho Procesal nro. 1, Ed. Rubinzal-Culzoni, p. 391). En el mismo sentido opina Rivas, quien señala que la cosa juzgada anticipatoria es la que permite satisfacer total o parcialmente una pretensión a las resultas de lo que pueda producirse en el mismo proceso a consecuencia del dictado de la sentencia definitiva (“La Revolución Procesal”, Revista de Derecho Procesal nro. 1, Ed. Rubinzal-Culzoni, p. 134).
[30]”Anticipación de la Tutela”, Augusto M. Morello, Ed. Librería Editora Platense, 1996, pag. 13.
[31] PEYRANO, Guillermo, “MEDIOS PROCESALES PARA LA TUTELA AMBIENTAL”, JA, 2001 – I, pág. 1184.
[32] PEYRANO, Guillermo, “LA TUTELA DEL MEDIO AMBIENTE A TRAVES DE LA MEDIDA AUTOSATISFACTIVA (LA PROBLEMÁTICA DE LA “ALTA PROBABILIDAD DEL DERECHO” DEL PETICIONANTE)”, JA, 1998 –IV, pág. 1008.
[33] “Principio de prevención: las causas y las fuentes de los problemas ambientales se atenderán en forma prioritaria e integrada, tratando de prevenir los efectos negativos que sobre el ambiente se puedan producir”.
[34] PEYRANO, Guillermo, “MEDIOS PROCESALES PARA LA TUTELA AMBIENTAL”, JA, 2001 – I, pág. 1184.
[35] PEYRANO, Guillermo, “MEDIOS PROCESALES PARA LA TUTELA AMBIENTAL”, JA, 2001 – I, pág. 1185.
[36] Artículo 32 de la Ley Nº 25.675.
[37] ESAIN, José, “EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL Y MEDIDA AUTOSATISFACTIVA”, en “DERECHO AMBIENTAL”, Ed. Ediar, pág. 286.
[38] PEYRANO, Guillermo, “MEDIOS PROCESALES PARA LA TUTELA AMBIENTAL”, JA, 2001 – I, pág. 1186.
Publicado en el suplemento ambiental de www.eldial.com.

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